08 de Diciembre del 2007
El fracaso chihuahuense para alcanzar niveles respetables en los índices de transparencia nacional e internacional no es un incidente menor del que debamos responsabilizar exclusivamente a los consejeros del ICHITAIP, sino una seria advertencia de que en las entrañas de lo gubernamental aún hay quienes se resisten a seguir los objetivos, valores y principios de ese apartado de la democracia.
Un ejemplo que muestra claramente esa férrea resistencia del burocratismo a erradicar la opacidad y la desinformación en el ámbito del servicio público se dio en la oficina del Gobernador cuando un diputado de la anterior legislatura solicitó información detallada sobre la auditoría que se realizó al ejercicio fiscal 2004 del Instituto de Vivienda del Estado.
La orden de palacio fue negativa, por considerar la información sensiblemente confidencial, nunca explicaron por qué. Luego la Secretaría de Gobierno se vio envuelta en similar situación con relación a los permisos para venta de alcohol. Más tarde el ICHITAIP ordenó a la Secretaria de Fomento Social entregar información sobre apoyos en cobijas y chamarras y la dependencia gubernamental accedió, pero a cambio de que el ex diputado sufragara 45 mil pesos por concepto de derechos por certificación. En resumen, imposibilitó la entrega de la información.
El aroma a negación brota desde las cúpulas directivas y traspasa cada una de las dependencias de los poderes instalados. Contamina los denominados organismos descentralizados, paraestatales, y se radica en los módulos de Transparencia y Acceso a la Información que finalmente resultan obsoletos.
Otra muestra de intransigencia fue la integración del consejo director del organismo autónomo e independiente llamado ICHITAIP. Un nombramiento de consejeros acusado como extraño e irregular que provocó la percepción pública de que las designaciones correspondieron en medida proporcional al peso electoral de cada partido político representado en el Congreso. Tanto las de consejeros como de colaboradores, trabajadores y funcionarios de la institución.
Sin un reglamento formal para limitar el alcance de las decisiones y sin una planeación presupuestal para administrar los recursos, el ICHITAIP inició sus actividades de forma irregular, con improvisaciones y acciones discrecionales. Se entendieron rápidamente las bondades de su nueva condición como verdugos de la opacidad y sin más justificación que profundizar en el entendimiento de la transparencia, definida ésta como lo que no se ve y no como lo que se exhibe, se otorgaron viajes placenteros, algunos hacia el mítico Portugal y la controvertida Colombia. Los viáticos se excedieron, según lo justificaron, por muy poco de lo normal, la compañía lo ameritaba.
Y mientras la representación del ICHITAIP transitaba académica por el extranjero, en Chihuahua la documentación gubernamental permanecía sepultada por un cúmulo de temor al juicio popular. Tras lápidas de burocracia, los entes obligados sencillamente se desobligaron de informar y recurrieron en extremo cuando consideraron necesario a los instrumentos de la apelación y el amparo. Algunos de sus módulos llamados pomposamente Unidades de Información lucieron solitarias semejando un resguardo para especialistas en el arte del Sudoku. Ninguno, por supuesto, se atrevió a garantizar que las demandas públicas de información serían satisfechas.
El problema es que no hay un trabajo para educar y hacer conciencia sobre las bondades de la transparencia y el acceso a la información. Persiste la tendencia a considerar que lo que hace y decide el servidor público fue anticipadamente validado por el ciudadano al emitir su sufragio electoral, voto que consideran por norma se convierte en tácito depósito de una confianza absoluta. Y lo cierto es que eso no es cierto.
Nuevos cambios se deben promover en la instrumentación del culto a la transparencia. No basta con desplomar la guillotina sobre la cabeza del presidente del ICHITAIP, ni sujetar a intimidante fiscalización el desempeño del personal burocrático. Es urgente democratizar la participación de los consejeros y aceptar por sanidad la alternancia en la dirección del órgano independiente.
Es necesario impregnar de pluralidad todos los entes de gobierno para garantizar el finiquito de la complicidad. Derrocar en definitiva el tráfico del poder y el manejo discrecional de la influencia política. Buscar en las filas de la ciudadanía común lo que no se encuentra en las elites políticas y suscribir junto con la sociedad un compromiso real para modificar la arraigada sospecha. Brindar confianza y seguridad a quien realmente trabaja y acabar con el transparente placer de viajar al extranjero con cargo al bolsillo ciudadano.
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