Verdaderamente de-batidos

06 de Noviembre del 2007

La democracia en nuestro país, las reglas del juego electoral y los árbitros que las aplican no están en riesgo de desaparecer por pérdida de credibilidad; lo que amenaza la estabilidad política y resta la participación ciudadana en los procesos electorales es la negativa influencia que los grandes consorcios de medios de comunicación, en aras del lucro comercial y con un irresponsable manejo de la concesión, pueden ejercer sobre los electores.

Veamos al grano del punto. En el análisis realizado por el Instituto Federal Electoral sobre los incidentes de la pasada contienda democrática donde el actual Presidente de la República obtuvo el triunfo por mínima diferencia de votos, se determinó que las campañas electorales de los dos principales candidatos se orientaron en sentido negativo, es decir, fueron enfocadas a privilegiar ataques personales directos en contra de los candidatos, sus partidos, privilegiar la descalificación y en generar desinformación en el electorado.

Hubo señalamientos que generaron incertidumbre sobre la honorabilidad, respetabilidad, honestidad y confiabilidad de los aspirantes a la silla presidencial. A López Obrador, entre otras cosas, se le acusó mediáticamente desde haber asesinado a un hermano, de hacer guerrilla en contra del gobierno incluida la toma de instalaciones de PEMEX y  lucrar con las necesidades básicas de los ancianos y discapacitados. En respuesta, a través de los medios de comunicación a Felipe Calderón se le acusó de privilegiar a sus familiares en la obtención de contratos por licitaciones federales.

Uno apareció como “un peligro para México” mientras que otro era “más de lo mismo”. Todo, indefectiblemente, a través de los medios de comunicación, y no hubo quien lo impidiera.

Ahora, imaginemos un estado de derecho en donde los medios de comunicación realmente sean corresponsables de lo que sus clientes publican. En donde el derecho de réplica realmente sea garantizado y en donde la equidad informativa –no de tiempos ni recursos financieros- se asegure a los participantes del proceso electoral, que lo que se dice de ellos pueda al menos ser refutado o debatido.

Imaginemos un estado de derecho en donde la libertad de decir las cosas, la libertad de expresión, vaya emparejada con la obligación de demostrar veracidad, autenticidad y respeto al resto de garantías individuales de los demás. Imaginemos un estado de derecho con una institución electoral con facultades que trasciendan a las simples ejecutivas. Que pueda sancionar no solamente instituciones, sino personas, medios de comunicación y responsables de cometer ilícitos electorales, y mientras se diriman disensos y diferendos, prevea y garantice la salvaguarda de derechos elementales.

No es posible que cualquiera pueda usar los medios en cadena nacional para decirle a otro “chachalaca” sin recibir una sanción inmediata, o que alguien pueda poner en tela de duda la honestidad de otro sin que se exija de forma inmediata comprobación. Pero sobre todo, no es posible que los medios se deslinden de la responsabilidad que acarrea violar los derechos de los demás y peor aún, la inteligencia ciudadana.

Son los medios de comunicación, quiérase o no, los responsables de construir o destruir candidaturas y en la misma medida de esa plenipotenciaria facultad, deben ser responsables de mantener el equilibrio que la democracia busca.

En resumen, que dejen de ser los medios los verdaderos enemigos de la democracia para convertirse en un instrumento más al servicio de la sociedad, conservando por supuesto su autonomía e independencia comercial.

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